EILAKTION: Protestbriefaktion zum Mord an Berta Cáceres
EILAKTION: Protestbriefaktion zum Mord an Berta Cáceres
Hallo und guten Tag,
anlässlich des Mordes an der honduranischen Aktivistin und
Menschenrechtsverteidigerin Berta Caceres bitten wir Sie um Teilnahme an
der unten stehenden Protestbriefaktion.
Zentrale Forderungen sind die Einsetzung einer Internationalen
Kommission zur Untersuchung des Mordfalls und der Rückzug der an dem
umstrittenen Staudammprojekt beteiligten Firmen aus dem Bauvorhaben.
Dies sind auch zentrale Anliegen von Caceres‘ Familie und ihrer
Organisation COPINH („Bürgerrat der Indigenen-Organisationen von
Honduras“), zu deren Durchsetzung sie dringend auf internationale
Unterstützung angewiesen sind.
Bitte richten Sie die spanische Version an den honduranischen
Präsidenten und Innenminister und an die Bank BCIE, die englische an die
am Staudammprojekt europäischen Firmen bzw. die Regierungen deren
Herkunftsländer. Wenn Sie per Email senden, bitte vergessen Sie nicht,
eine aussagekräftige Betreffzeile einzufügen.
Eine deutsche Übersetzung des Briefes befindet sich am Ende der Mail.
Um eine Übersicht über die Beteiligung zu behalten, bitten wir um eine
Kopie (CC) Ihrer Schreiben an:
info@honduras-forum.ch
Weiterführende Informationen:
auf Deutsch:
Hondurasdelegation
auf Spanisch:
desinformemonos.org.mx
auf Englisch:
The Guardian
Banktrack
Mit freundlichen Grüßen,
die Vorbereitungsgruppe, bestehend aus Mitgliedern von
HondurasDelegation
Honduras-Forum Schweiz
Ökumenisches Büro München
******************************************
Juan Orlando Hernandez
Presidente Republica de Honduras
Casa Presidencial , Bulevar Juan Pablo II
Tel 2290-5000
E-mail: informacion.embahonduras.de@gmail.com
Julián Pacheco
Titular de la Secretaría de Seguridad
E-mail: sedsdespachohn@gmail.com
Banco Centroamericano de Integración Económica
E-mail: info@bcie.org
Estimadas señoras, estimados señores:
Hoy nos dirigimos a Ustedes (en representación de …… [ggf. Name der
eigenen Organisation]) por las razones siguientes:
Estamos profundamente consternados por el asesinato de Berta Cáceres
justo antes de medianoche del día de 2 de marzo de 2016.
Berta Cáceres era una lideresa indígena, defensora de los derechos
humanos y del medio ambiente. Fue una de los fundadoras del Concejo
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y
entre otros premios internacionales, ganadora del Premio Medioambiental
Goldman en 2015. El asesinato representa un daño irreparable a la
defensa legítima de los derechos humanos en Honduras y en todo el mundo.
Además da prueba de la carencia de medidas tomadas por el Estado
hondureño, para la protección de las y los defensores de derechos
humanos, teniendo en cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) había dictado Medidas Cautelares para Berta Cáceres en el
2009, con las cuales el Estado no ha cumplido.
A partir del año 2012, comunidades de Río Blanco solicitaron el apoyo de
la organización Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas
(COPINH) ante la llegada imprevista de maquinaria y equipo técnico a su
comunidad. Fue el inicio de las operaciones de la empresa DESA para la
construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Junto con 40 otras
concesiones de represas hidroeléctricas, el proyecto Agua Zarca, fue
aprobado mediante legislación nacional en septiembre de 2010, pese a ser
una violación directa al derecho de consulta previa, libre e Informada
de acuerdo al Convenio 169 de la OIT y la constitución hondureña. La
instalación del proyecto en el otro lado del río en 2015 y el nuevo
concepto no cambian la situación fundamental.
Para las comunidades Lenca el proyecto Agua Zarca, en cualquier forma,
es una amenaza, porque según su cosmovisión, el río Gualcarque que fluye
libremente tiene un especial significado cultural y espiritual.Por la
falta de respeto a los derechos del pueblo Lenca, la falta de
cumplimiento con el Convenio 169 y por los impactos negativos del
proyecto sobre sus medios de vida, Berta organizaba y lideraba como
Coordinadora del COPINH, una oposición pacífica al proyecto.
Producto de esta oposición, desde hace varios años Berta, junto con
otros líderes Lencas, han sido blancos de amenazas e intimidación.
Incluso ocurrió el caso en que el Estado de Honduras intentó
criminalizar a Berta por la portación ilegal de armas. Caso que fue
cerrado con sobreseimiento a favor de ella en Febrero del 2014. En
Noviembre del 2013, otro líder de COPINH, Tomás García, fue asesinado y
su hijo Alan García fue gravemente herido durante una protesta pacífica,
a manos de un militar. A estos crímenes se suman tres asesinatos más
contra personas opositores al proyecto Agua Zarca. En el inicio de 2016
DESA comenzó una campaña de deslegitimación y difamación contra Berta y
COPINH culminando en un comunicado donde escribieron: „Hidroeléctrica
Agua Zarca a la opinión pública hace saber las constantes mentiras que
la activista de la organización COPINH, la señora Berta Cáceres que se
define como una luchadora por el medio ambiente y los derechos de los
indígenas, manipula constantemente la información para implementar una
percepción negativa en torno al proyecto.“ Mediante un comunicado de
prensa difundido el viernes 4 de marzo de 2016, la la Relatora Especial
Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, Victoria
Tauli-Corpuz, expresó que el crimen contra la dirigente “existen
probabilidades de que esté vinculado con su trabajo en defensa de los
derechos humanos del pueblo indígena Lenca”, producto de la resistencia
organizada contra Agua Zarca.
El proyecto Agua Zarca tiene financiamiento del Banco de Desarrollo
holandés FMO, del Fondo de financiación para el desarrollo finlandés
Finnfund y del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE. La
empresa Alemana Voith Hydro invirtió en el proyecto con la participación
de la empresa Siemens. Las entidades de financiación de proyectos de
desarrollo y la empresa privada han recibido alertas sobre la violación
de los derechos humanos alrededor de la implementación del proyecto. Es
de notar que tanto la empresa china Sinohydro como la Corporación
Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés) suspendieron su
financiamiento al proyecto. En el caso de Sinohydro, citaron los
conflictos entre la empresa DESA y las comunidades locales como base
para su decisión de retiro del proyecto.
El Estado de Honduras ha recibido a lo largo de los últimos años una
variedad de recomendaciones en el marco de sus obligaciones suscritas a
nivel internacional. Recientemente estas incluyen el Examen Periódico
Universal (EPU), la declaración final de la Relatora Especial de
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en Honduras,
y el capítulo 2 de 2015 del informe de la CIDH sobre la situación de los
derechos humanos en Honduras. Tomamos nota que durante el EPU, Holanda
hizo una recomendación al Estado de Honduras para la implementación de
los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de
Naciones Unidas y el Convenio 169 de la OIT.
Analizando todo esto llegamos a la conclusión que por parte del Gobierno
de Honduras, sus cuerpos de seguridad y su sistema judicial, no existe
ni voluntad ni capacidad para una investigación permanente e imparcial
en este caso.
Por lo tanto, exigimos del Estado hondureño:
– La investigación profunda por parte de una Comisión Internacional
Independiente
– La protección de la integridad física y moral del único testigo y
sobreviviente del crimen Gustavo Castro Soto y salvoconducto para salir
del país
– Una aclaración del Estado hondureño,¿por qué no ha cumplido con las
medidas cautelares para Berta Caceres, ordenadas desde el año 2009.
– Llamamos a las instituciones hondureñas a cumplir con su deber de
garantizar la protección de todas las personas que defienden los
derechos humanos en su país y a la debida implementación de la Ley de
Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas,
Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, vigente en Honduras, a
fin de que hechos como éste no se vuelvan a repetir.
Por lo tanto, exigimos de los gobiernos de Países Bajos, Finlandia y
Alemania:
– Tomar todas las medidas para garantizar que la investigación del caso
sea imparcial y efectiva.
– Demostrar públicamente que han tomado todos los pasos posibles para
garantizar que ni sus fondos y bancos de cooperación internacional, ni
empresas privadas que tienen su casa matriz en su territorio, hubieran
violado los derechos humanos de la población local afectada por el
proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Por lo tanto, exigimos de FMO, Finnfund, BCIE y Siemens-Voith Hydro
– Que las empresas transnacionales y bancos involucrados en el proyecto
se retiren inmediatamente del proyecto de la represa Agua Zarca.
– Que FMO, Finnfund, BCIE y Siemens-Voith Hydro demuestren públicamente
que han tomado todos los pasos necesarios para evitar violaciones de
derechos humanos por parte de la empresa local DESA y que han aplicado
plenamente los principios de diligencia debida (due diligence) y la
obligación de respetar los derechos de la población Lenca.
Por lo tanto, exigimos al cuerpo diplomático y al grupo de los 16:
– Que a la vez de su comunicado del 4 de marzo deberían exigir de parte
del Gobierno de Honduras y dando aporte financiero y logístico para la
constitución de una Comisión Internacional Independiente, para
investigar profundamente este crimen en la búsqueda de los autores
materiales e intelectuales.
Atentamente,
……………………….. ……………………………..
[Nombre] [Organización]
**********************************************************************
Mark Rutte
Primer Ministro de los Paises Bajos
La Haya
Mette Gonggrijp
Embajadora holandesa en Honduras
E-mail: mette.gonggrijp@minbuza.nl
Bert Koenders
Ministro de Relaciones Exteriores
E-mail: r@minbuza.nl
Lilianne Ploumen
Ministra de Comercio y Cooperación:
E-mail: m@minbuza.nl
FMO
Mr. Nanno Kleiterp
CEO
Anna van Saksenlaan 71
2593 HW The Hague
Netherlands
E-mail: n.kleiterp@fmo.nl
Albert van Leeuwen
Senior Environmental Specialist, energy department
Postbus 93060
2509 GRAVENHAGE
Netherlands
E-mail: a.van.leeuwen@fmo.nl
Juha Petri Sipilä
Primer Ministro Finlandia
E-mail:juha.sipila@eduskunta.fi
Finnfund
Jaakko Kangasniemi
President and CEO
Tel. 00358 40 577 7676
E-mail: jaakko.kangasniemi@finnfund.fi
Frank Walter Steinmeier
Ministro del Exterior de Alemania
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Tel. 0049 30 227-79408
Fax 0049 30 227-76659
E-mail: frank-walter.steinmeier@bundestag.de
Siemens AG
Josef Käser
CEO
E-mail: joe.kaeser@siemens.com
Tobias Atzler
Governance & Markets, Investor Relations
Wittelsbacherplatz 2
80333 Muenchen, Germany
Tel.: +49 89 636-33693
Mobile: +49 172 8452583
E-mail: tobias.atzler@siemens.com
Jan Rabe
Sustainability Director; via:
Tel.: +49 89 636-42241
E-mail: ralf.pfitzner@siemens.com
Voith Hydro
Uwe Wehnhardt
Vorsitzender der Geschäftsführung
E-mail: uwe.wehnhardt@voith.com
Lars Rosumek
Pressechef
E-mail: lars.rosumek@voith.com
Dear ladies and gentlemen,
Today we turn to you (in representation of…) for the following reasons:
We are deeply shocked by the murder of Berta Cáceres just before
midnight of March 2, 2016.
Berta Cáceres was an indigenous leader, human rights and environmental
defender. She was one of the founding members of the Civic Council of
Popular and Indigenous Organizations of Honduras (COPINH) and has been
awarded with the Goldman Environmental Prize in 2015, among other
international awards. Her murder represents an irreparable damage to the
legitimate defense of human rights in Honduras and in the entire world.
It is also proof of the fact that the measures taken by the Honduran
State for the protection of human rights defenders are insufficient in
general and even more in the case of Berta Cáceres, as the
Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) had requested
Precautionary Measures for her in 2009.
>From the year 2012 onwards, the communities in Rio Blanco were facing
the unexpected arrival of machinery and technical equipment and
requested the support of COPINH. It was the start of the operations by
the company DESA for the construction of the hydroelectric project Agua
Zarca. Along with 40 other concessions of hydroelectric dams, the Agua
Zarca project was approved by national legislation in September 2010,
despite its direct violation of the right to free, prior and informed
consultation according to Convention 169 of the ILO and the Honduran
constitution. The installation of the project on the other side of the
river along with the new concept in 2015 does not change anything at the
fundamental level.
For the Lenca communities, the Agua Zarca project represents a threat in
any case, because in their world view, the free-flowing Gualcarque River
has a special cultural and spiritual significance. For lack of respect
for the rights of the Lenca people, the failure to comply with
Convention 169 and the negative impacts of the project on their
livelihoods, Berta organized and led a peaceful opposition to the
project as the coordinator of COPINH.
As a consequence of this opposition, Berta, along with other Lenca
leaders, has been the target of threats and intimidation. The State of
Honduras even tried to criminalize Berta for illegal possession of
weapons. The case was dismissed in favor of her in February 2014. In
November 2013, another leader of COPINH, Tomas Garcia, was killed and
his son Alan Garcia was seriously wounded during a peaceful protest by a
soldier. These crimes were followed by three murders of opponents of the
Agua Zarca project. In the beginning of 2016, DESA began a campaign of
delegitimization and defamation against Bertha and COPINH culminating in
a statement in which they wrote: „Hydropower Agua Zarca is informing the
public opinion about the constant lies that the activist of COPINH, Mrs.
Berta Cáceres, who defines herself as a fighter for the environment and
the rights of indigenous people, constantly manipulates information to
cast a bad light on the project.“ In a press release issued on Friday,
March 4, 2016, the UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous
Peoples, Victoria Tauli-Corpuz said about the crime against the leader
„that it is likely to be linked to her work in defense of the human
rights of the indigenous Lenca people.“
The Agua Zarca project is financed by the Dutch Development Bank, FMO,
the Finnish Fund for development funding, Finnfund and the Central
American Bank for Economic Integration, CABEI. The German company Voith
Hydro invested in the project with the participation of Siemens. Both
the funding institutions as well as the private enterprise have received
alerts about the violation of human rights around the implementation of
the project. It is noteworthy that both the Chinese company Sinohydro
and the International Finance Corporation (IFC) suspended its funding to
the project. In the case of Sinohydro, they cited conflicts between the
company DESA and local communities as the reason for its decision to
withdraw from project.
The State of Honduras has received a variety of recommendations over
recent years in the framework of its international obligations. The most
recent include the Universal Periodic Review (UPR), the final
declaration of the UN Special United Rapporteur on the Rights of
Indigenous Peoples, and chapter 2 of the annual report by the
Inter-American Commission on Human Rights. We note that during the UPR,
the Netherlands made a recommendation to the State of Honduras, asking
for the implementation of the Guiding Principles on Business and Human
Rights of the United Nations and ILO Convention 169.
Analyzing all this, we conclude that the Government of Honduras, its
security forces and its judicial system, do neither have the will nor
capacity for a permanent and impartial investigation into Berta’s
assassination.
Therefore, we demand from the Honduran state:
– A profound investigation by an Independent International Commission
– To protect the physical and moral integrity of the only witness and
survivor of the crime, Gustavo Castro Soto, and a safe conduct out of
the country
– A clarification of why it has not complied with the Precautionary
Measures to Berta Caceres, ordered in 2009.
– We call on the Honduran institutions to fulfill their duty to ensure
the protection of all people who defend human rights in their country
and the proper implementation of the Protection of Human Rights
Defenders Law in force in Honduras, to assure that something similar
won’t happen again.
Therefore, we demand from the governments of the Netherlands, Finland
and Germany:
– To take all measures to ensure that the investigation of the case is
both impartial and effective.
– To demonstrate publicly that they have taken all possible steps to
ensure that neither their funds nor international cooperation banks, nor
private companies that have their headquarters in their territory, have
violated the human rights of the local population affected by the
hydroelectric project Agua Zarca.
Therefore, we demand from FMO, Finnfund, CABEI and Siemens-Voith Hydro
– That the transnational corporations and banks involved in the project
are withdrawing immediately from the dam project Agua Zarca.
– That FMO, Finnfund, CABEI and Siemens-Voith Hydro publicly demonstrate
that they have taken all necessary steps to prevent human rights
violations by the local company DESA and have fully implemented the
principles of due diligence and the obligation to respect the rights of
the Lenca population.
Therefore, we demand from the diplomatic corps and the group of the 16:
– Instead of the press release of March 4, they should demand the
establishment of an Independent International Commission from the
Honduran government and give financial and logistical contribution to
it, so that it can thoroughly investigate this crime in the search for
the material and intellectual authors.
Sincerely,
……………………………………….
****************************************
Deutsche Übersetzung des Protestbriefes
Sehr geehrte Damen und Herren,
In Vertretung von ……. wenden wir uns aus den folgenden Gründen an Sie:
Wir sind erschüttert über die Ermordung von Berta Cáceres kurz vor
Mitternacht des 2. März 2016.
Berta Cáceres war eine indigene Menschenrechtsverteidigerin und
Umweltschützerin. Sie war eine der GründerInnen des Zivilen Rates der
Indigenen- und Volksorganisationen von Honduras (COPINH) und unter
anderen internationalen Auszeichnungen wurde ihr 2015 der renommierte
Goldman Umweltpreis verliehen.
Der Mord an Berta Cáceres bedeutet einen unersetzlichen Verlust für die
legitime Verteidigung der Menschenrechte in Honduras und weltweit.
Ausserdem zeigt er die fehlende Umsetzung von Schutzmaßnahmen seitens
des honduranischen Staates für MenschenrechtsverteidigerInnen auf, und
dies obwohl im Falle von Berta Cáceres die Interamerikanische
Menschenrechtskommission (CIDH) 2009 Vorsorgemaßnahmen für sie
angeordnet hatte.
Anfang 2012 baten die Gemeinden in Rio Blanco COPINH um Unterstützung,
als völlig überraschend Maschinen und technische Geräte in ihren
Gemeinden ankamen. Es war der Projektbeginn des Unternehmens DESA für
den Bau des Wasserkraftprojektes Agua Zarca. Mit 40 weiteren
Konzessionen für Staudämme war das Agua Zarca Projekt durch die
nationale Gesetzgebung im September 2010 genehmigt worden, obwohl dies
ein direkter Verstoß gegen die ILO Konvention 169 und der honduranischen
Verfassung darstellt, wonach im Vorfeld eines solchen Projektes
Anhörungen und Zustimmungsversammlungen in den betroffenen Gemeinden
stattfinden müssen. Auch die 2015 vorgenommene Projektverlegung auf die
andere Flussseite ändert nichts an der grundsätzlichen Illegitimität.
Für die Lenca Gemeinden stellt das Agua Zarca Projekt in jeder Hinsicht
eine Bedrohung dar, weil in ihrer Kosmovision der freie Flusslauf des
Gualcarque Flusses eine besondere kulturelle und spirituelle Bedeutung
hat. Da die Rechte der Lencas nicht respektiert und der Konvention 169
nicht entsprochen wurde und durch dasProjekt negative Auswirkungen auf
die Existenzgrundlagen der Lencas zu erwarten waren, organisierte Berta
als Koordinator von COPINH einen friedlichen Widerstand gegen das
Projekt, den sie auch anführte.
Als Folge dieser Opposition gegen das Projekt wurde Berta, zusammen mit
anderen Lenca FührerInnen zum Ziel von Drohungen und Einschüchterungen.
Der honduranische Staat ging sogar so weit, Berta kriminalisieren zu
wollen, indem sie ihr illegalen Waffenbesitz anhängen wollten. Im
Februar 2014 wurde sie davon freigesprochen.
Im November 2013 wurde während einer friedlichen Demonstration eine
andere Führungsperson von COPINH, Tomás García, von einem Soldaten
ermordet. Gleichzeitig wurde sein Sohn Alan García schwer verletzt.
Diesem Verbrechen folgten drei weitere Morde an Gegnern des Projekts
Agua Zarca. Anfang 2016 begann DESA damit, Berta die Legitimation als
Menschenrechtsverteidigerin abzusprechen, in dem sie eine
Diffamierungskampagne gegen sie und COPINH startete und in folgenden,
von DESA verbreiteten Beschuldigungen gipfelte: „Das Wasserkraftprojekt
Agua Zarca informiert hiermit die Öffentlichkeit über die ständigen
Lügen der Aktivistin der Organisation COPINH, Frau Berta Cáceres, die
sich selbst als Kämpferin für die Umwelt und die Rechte der indigenen
Bevölkerung definiert. Sie manipuliert ständig Informationen, um so dem
Projekt einen negativen Eindruck zu verpassen.“ In einer Presseerklärung
schrieb die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die
Rechte der indigenen Völker, Victoria Tauli-Corpuz am Freitag, den 4.
März 2016, dass es Verknüpfungspunkte geben könnte zwischen diesem
Verbrechen gegen Berta Cáceres und ihrer Menschenrechtsarbeit für die
indigene Lenca Bevölkerung gibt, aus der heraus der Widerstand gegen
Agua Zarca entstand. Das Projekt Agua Zarca wird von der holländischen
Entwicklungsbank FMO, dem finnischen Fonds für Entwicklungsfinanzierung,
Finnfund und der Zentralamerikanischen Bank für Ökonomische Integration,
BCIE finanziert. Das deutsche Unternehmen Voith Hydro, in einem Joint
Venture mit Siemens, investiert ebenfalls in das Projekt. Sie alle
wurden mehrfach über die Verletzung der Menschenrechte während der
Durchführung des Projekts informiert. Es ist bemerkenswert, dass sowohl
das chinesische Unternehmen Sinohydro als auch die Internationale
Finanz-Corporation (IFC) ihre Finanzierungen für das Projekt
suspendierten. Sinohydro nannte als Gründe für ihre Entscheidung, sich
aus dem Projekt zurückzuziehen, die Konflikte zwischen dem Unternehmen DESA.
Der honduranische Staat erhielt in den letzten Jahren eine Vielzahl von
Empfehlungen im Rahmen seiner internationalen Verpflichtungen. Darunter
vor kurzem während der Universal Periodic Review (UPR) der UNO, sowie in
der Abschlusserklärung der Sonderberichterstatterin der Vereinten
Nationen über die Rechte der indigenen Völker und schliesslich im
Kapitel 2 des Jahresberichtes 2015 der Interamerikanischen Kommission
für Menschenrechte. Darüberhinaus empfahlen die Niederlande während der
UPR der honduranischen Regierung, die Umsetzung der Leitlinien für
Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen und der
ILO-Konvention 169 einzuhalten.
Aus all diesen Punkten kommen wir zu der Schlussfolgerung, dass die
Regierung von Honduras, seine Sicherheitskräfte und sein Justizsystem,
weder den Willen noch die Fähigkeit für eine umfassende und
unparteiische Untersuchung dieses Verbrechens haben.
Daher fordern wir von der honduranischen Regierung:
– eine eingehende Untersuchung durch eine unabhängige internationale
Kommission
– Schutz der körperlichen und seelischen Unversehrtheit des einzigen
Zeugen und Überlebenden des Verbrechens, Gustavo Castro Soto, sowie ein
sicheres Geleit aus dem Land
– eine Erklärung, warum seitens der Regierung die seit 2009
eingeforderten Schutzmassnahmen für Berta Caceres nicht umgesetzt wurden
– dass die staatlichen Institutionen ihre Pflicht erfüllen, um den
Schutz aller Personen zu gewährleisten, die in ihrem Land die
Menschenrechte verteidigen und dass die Umsetzung des Gesetzes zum
Schutz der Menschenrechtsverteidiger ordnungsgemäss vonstatten geht, so
dass Vorfälle wie dieser nicht wieder passieren.
Daher fordern wir von den Regierungen der Niederlande, Finnland und
Deutschland:
– alles zu unternehmen, um sicherzustellen, dass die Untersuchung des
Falles unparteiisch und mit allen juristischen Konsequenzen durchgeführt
wird
– öffentlich aufzuzeigen, dass sie alle möglichen Schritte unternommen
haben, umsicher zu stellen, dass keine Fonds und Banken der
internationalen Zusammenarbeit oder private Unternehmen, die ihren Sitz
in ihrem Hoheitsgebiet haben, die Menschenrechte der durch das
Wasserkraftprojekt Agua Zarca betroffenen lokalen Bevölkerung, verletzt
hatten.
Daher fordern wir von FMO, Finnfund, BCIE sowie Siemens und Voith Hydro:
– dass die transnationalen Konzerne und Banken, die an dem Projekt
beteiligt sind, sich sofort aus dem Staudammprojekt Agua Zarca zurückziehen.
– dass FMO, Finnfund, BCIE und Siemens-Voith Hydro öffentlich zeigen,
dass sie alle notwendigen Schritte unternommen haben um
Menschenrechtsverletzungen des lokalen Unternehmens DESA zu verhindern
und dass sie sowohl die Grundsätze der Sorgfalt (Due Diligence) als auch
die Verpflichtung zur Respektierung der Rechte der Lenca Bevölkerung
umgesetzt haben.
Daher fordern wir vom diplomatischen Korps und der Gruppe der
Entwicklungshilfe-Geberstaaten in Honduras, G-16:
– dass sie anstatt der Forderungen im Kommuniqué vom 4.März eine
unabhängige Untersuchungskommission fordern und diese sowohl finanziell
wie auch logistisch unterstützen. Nur so kann gewährleistet werden, dass
dieses Verbrechen unabhängig untersucht wird und sowohl gegen die Täter
als auch deren Hintermänner ermittelt wird und sie strafrechtlich
verfolgt werden.
Mit freundlichen Grüßen,